26.8.16

El IRPF y la madre que lo parió

El “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas” es en teoría un impuesto sobre los ingresos obtenidos por cualquier medio. En realidad, se trata de una penalización al trabajo. El Impuesto sobre la Renta exige que cada ciudadano de una parte del dinero que ha ganado en base a su trabajo, esfuerzo o inteligencia al Estado para que éste lo gaste en aquello que considere oportuno. El efecto de penalización al trabajo es aún mas evidente cuando se introduce la llamada “progresividad”, es decir que cuanto más ingresos, mayor es la proporción del impuesto. Esto, que podría parecer justo, no lo es en absoluto. Si hay que gravar los ingresos parece lógico gravarlos igualitariamente, es decir que si el ciudadano que gana mil debe de entregar doscientos, el que gana un millón debería entregar doscientos mil y no quinientos cincuenta mil. Me parece a mi. ¿Es malo tener un trabajo bien renumerado, un negocio rentable…? . ¿Es delito ser "rico"?.

El Impuesto sobre la renta ha sido muy cuestionado desde sus orígenes. Para los partidarios de la prioridad de los derechos individuales su puesta en práctica constituye una cesión inadmisible de los derechos del ciudadano, ya que supone dar al Estado el poder de saquear los bolsillos sin contraprestación objetiva. En Francia, Gran Bretaña y sobre todo en Estados Unidos la batalla política fue durísima. Todavía, de vez en cuando, algún filósofo solitario se atreve a cuestionar la ética del impuesto a pesar de los años que lleva aplicándose en la mayor parte de los países.

Por si fuera poco, su puesta en práctica, al menos, en España adquiere tintes orwellianos. Mediante una cuidadosa propaganda (“Hacienda somos todos”) se ha convencido al ciudadano que el impuesto es “bueno”, un “deber cívico” un sacrificio que se hace en pro del “bien común” y que una de las cosas que más caracteriza al “buen ciudadano” es la religiosidad con la que paga sus impuestos. La moralidad o finalidad de los mismos ni siquiera se cuestiona, tanto menos se debate.  Un “buen ciudadano” no hace ese tipo de preguntas. Sin embargo la diferencia entre un impuesto y un saqueo legalizado está en los medios como en los fines, hasta el punto que podríamos definir “política económica” como el arte de administrar los impuestos.

Cuando digo “religiosidad” no hablo por hablar. Una vez asentado los dogmas del “deber cívico”, “la necesidad del pais” y el “bien común” ya es innecesario pensar o debatir. El mero hecho de poner en cuestión la necesidad o la moralidad, o la cuantía de algunos impuestos atrae inmediatamente calificativos como egoísta, antisolidario, antisocial, o peores.  

Sólo desde una visión religiosa (y por lo tanto dogmática) de los impuestos es posible que el ciudadano, además de hacer su propia declaración, asuma las perversas figuras del “responsable último” o de la “diligencia exigible”. Ser el “responsable último” implica no sólo pagar sin chistar, sino asegurarse con la “diligencia exigible” de que le hayan cobrado hasta el último céntimo de su propio dinero. Así se exhonera de responsabilidad a la Administración o a las empresas y se obliga al ciudadano a ser su mismo inspector de Hacienda. Sin pelos en la lengua: Se le ha convencido para ser cómplice necesario de su propio robo.

Algo huele mal en la Agencia Tributaria

Dada la complejidad del actual sistema fiscal  (sólo el manual básico de la Declaración de la Renta tiene 456 páginas, está redactado en una oscura jerga burocrática accesible sólo a expertos y plagado de referencias legislativas inaccesibles) la pretensión que el ciudadano medio sea el “responsable último” de sus propios impuestos es, como mínimo, surrealista. En la práctica asumir dicha responsabilidad pasa por contratar un gestor con el consiguiente coste añadido. Pero el gestor tampoco es responsable de sus propios errores: lo es el ciudadano que lo contrata. Incluso si acudieras a la Agencia Tributaria.  Absurdo sobre absurdo.

Por añadidura la “diligencia exigible” es una ¿figura delictiva? que permite a la Administración sancionar al ciudadano por cualquier error cometido en la declaración sea o no el causante, haya o no haya intencionalidad. La arbitrariedad es patente ya que no se basa en criterios objetivos sino en el criterio de un funcionario de la Administración (que es juez y parte y a menudo causante del error). El ciudadano está indefenso pues ni siquiera se le permite alegar ignorancia o información errónea. Como si de un tribunal de la Inquisición se tratase, el ciudadano acusado de evasor se verá obligado a tratar de probar su inocencia y, si lo consigue, será condenado precisamente por ser inocente.


Mención aparte merece la “picaresca” que ha desarrollado la agencia tributaria para exprimir al máximo al pobre contribuyente atrapado en un error. Algo he hablado de eso pero otra vez será. 

4.8.16

¿Hacienda también roba?


Es un saber común que, a aquellos que vivimos de un sueldo, Hacienda nos tiene bien amarrados y controlados. Quizás por ello el 90% de los curritos nos limitamos a confirmar el borrador del IRPF que nos elabora la Agencia Tributaria sin comprobarlo o, todo lo más, verificando que los datos del borrador coinciden con el certificado de la empresa (el del banco no, porque no hay quien lo entienda). Damos por hecho que Hacienda no se equivoca nunca.

Pero Hacienda se equivoca. Y mucho. Y muchas veces. A mi me pasó. Por ello he tenido oportunidad de hablar con un asesor fiscal y resulta que, en su experiencia,  al menos seis de cada diez borradores son erróneos o están mal cumplimentados y, mira que casualidad, en la gran mayoría de los casos los errores son a favor de Hacienda. En mi caso no.

A pesar de todo, esto de los “errores” de Hacienda podría ser tema para hablar sobre la faliblidad humana  si no fuera porque para Hacienda cometer errores en los borradores resulta ser un  gran negocio, incluso aunque aparentemente sean en su contra. Hasta tal punto que sospecho que muchos de esos errores son deliberados.

Casi siempre los errores ocurren porque los datos del borrador son los que las administraciones, las empresas y los bancos proporcionan a Hacienda. Y si estos datos están equivocados o no se comunican a tiempo (cosa que pasa, puedo asegurarlo por experiencia personal), el borrador estará mal calculado, y si el error es a nuestro favor al aceptarlo habremos cometido un “delito fiscal” porque en virtud de la Ley del Embudo nosotros somos los responsables últimos incluso de los errores de Hacienda.

Eso sí, sólo nos reclamarán si del error resulta que les debemos dinero. Si ocurriera al revés, cosa que sabemos que a veces también pasa, no he oido que nunca la Agencia Tributaria cite a nadie para informarle que “Amigo: nos has pagado de más, así que vamos a devolverte una pasta”. Resulta que no tiene obligación porque, como “responsables últimos”, es a nosotros a quienes a quienes corresponde reclamar !.

Por otro lado, aunque ellos tienen cinco años para reclamarte,  tú  dispondrás de plazos justos, justitos y una vez que firmes (y pagues) perderás automáticamente todo derecho a reclamar posteriormente aunque después se descubra que eras tú quien tenía razón y no ellos. De nuevo la Ley del Embudo, artículo 666 “Santa Rita, Rita, lo que se da no se quita”.

Por si eso fuera poco no te pongas remolón porque tienen toda una caja de herramientas para apretarte las tuercas. Aparte de exigir que pruebes tu inocencia, como si fueran la Santa Inquisición, a los contribuyentes se les coacciona descaradamente para que no reclamen. Se les coacciona y se les engaña, o al menos se les induce a error.

Un caso nada hipotético: supongamos que en 2012 te abonaron unos atrasos que te debían de 2011. Cuando llega el momento de declarar confirmas inocentemente el borrador del 2012 creyendo que los datos que figuran en él son correctos . Pero resulta que esos atrasos que te pagaron no los incluyeron en el borrador (¿?). Al cabo de cuatro años y unos meses (a los cinco caduca el “delito”), la AEAT te comunica que deberías haber hecho una declaración complementaria por esos atrasos y que les debes, digamos 400€, y te propone un acuerdo para pagarlos. Para entonces ni siquiera recuerdas aquellos atrasos, no sabes donde están las nóminas y el banco no puede o no quiere pasarte los movimientos (no tienen obligación de conservar los datos más de dos años). Contratar un gestor o un abogado te va a costar casi más de lo que debes y no te va a librar si realmente lo debes. Así que te resignas, decides no presentar alegaciones, aceptar el acuerdo y pagar creyendo que así se soluciona el asunto. Craso error: el calvario sólo ha empezado.

A los pocos días La AEAT te comunica que ya que has reconocido la deuda, debes pagar también los intereses de demora (¡esto no te lo dijeron cuando propusieron el acuerdo!) y ademas se te ha abierto expediente para imponer una posible sanción (¡!)que (aunque no te lo digan) será del 50% de la cantidad no ingresada. Resultado final: Hacienda va a acabar cobrando casi 700€ por una deuda original de 400€. Lo dicho: los errores son un buen negocio.

Todo esto te lo comunican mediante escritos en lenguaje “oficial” pero de una neutralidad alarmante y con algunas equivocaciones que llaman la atención. Se ve claramente que las cartas están redactadas “en serie” mediante un ordenador. Que no eres el único pringao, vamos.

El sesgo a favor de Hacienda en los “errores”, la proliferación de los mismos y los medios de engaño y coacción que usan me llevan a pensar que esta forma de actuar es premeditada y tiene la finalidad de mejorar la recaudación explotando la buena fe y el miedo de los pequeños contribuyentes, por no hablar del santo temor a la Administración, con sus eternas colas, sus papeleos interminables, sus funcionarios de cara de palo y sus “vuelva usted mañana”.

Fijaos cual sería el “modus operandi”:

-         Elegir las víctimas. Son victimas obvias aquellos curritos que suelen confiar en el borrador que proporciona la AEAT.
-         A la primera oportunidad se desliza un error o se ocultan algunos datos en el borrador. El truco está en que el “error” no sea demasiado notorio. El pringao no se da cuenta, firma y paga lo que cree de buena fe que corresponde . O bien acaba de convertirse sin saberlo en primo (Si el error es a favor de Hacienda)  o acaba de convertirse sin saberlo en un defraudador fiscal (si el error es a favor del contribuyente).
-         En el segundo caso se dejan pasar cuatro años y unos meses, justo antes de que finalize el plazo de prescripción y se encañona al pringao por sorpresa, cuando ya ni se acuerda de nada de lo que ocurrió el año de autos. Se le da un apretado tiempo de plazo y se le propone generosamente llegar a un acuerdo sobre la cantidad adeudada. Como la cantidad no es grande el pringao casi siempre aceptará, por temor a que le salga más caro protestar que pagar. Además él es un honrado contribuyente, qué van a decir los vecinos.
-         El muy tonto ha reconocido la deuda!: Ahora es el momento de informarle de que además tiene que pagar los intereses de demora (superiores a los del mercado y durante cuatro años, no lo olvidemos) y de que se le va a sancionar. Ahora la trucha querrá colear pero ya es demasiado tarde porque el “acuerdo” incluía la renuncia a cualquier reclamación posterior. Si realmente se empeña en hacerlo tendrá que recurrir a juicios y abogados. Resultado: finalmente acabará pagando cerca del doble del importe del “error” original.
-         Apliquese el mismo procedimiento a decenas de miles de curritos.

Se te miente o se te induce a error para que “defraudes”,  hacen como que te pillan, te persuaden a declararte “culpable” y luego te coaccionan  para que acabes pagando el doble. Estaríamos hablando de millones de euros recaudados por medios quizás legales pero muy poco éticos (si es que es un procedimiento deliberado, pero si no lo es , lo parece).  Si el borrador solo sirve para despistar mientras nos roban la cartera, vale más volver a la época en que hacías la declaración con calculadora y bolígrafo.



XM




 P.S. : Y luego está lo de las multas. Joer. Darle  a un ayuntamiento el poder de cobrar las multas a través de Hacienda es como regalarle a Chucky un revólver cargado. Algunos ayuntamientos ya ni se molestan en darte la “papeleta”. Se la pasan directamente a Hacienda  y a tí  Hacienda ni te dice porqué ni te dice quién te ha hecho el cargo.